Thousands Demonstrate in Madrid and Barcelona for Public Education and Teacher Rights

Miles de personas salieron a las calles de Madrid y Barcelona este domingo en defensa de la educación pública. Las marchas cerraron el año escolar 2025-26 con una advertencia clara: si el Gobierno no actúa, una huelga indefinida comenzará en octubre. La Opinión de Murcia y más de una docena de medios regionales cubrieron las movilizaciones simultáneas en ambas ciudades.
En Barcelona, la "Marea Amarilla" congregó a unas 25.000 personas según los organizadores — frente a los 7.000 que contó el Gobierno. En Madrid, la "Marea Verde" partió desde la Plaza de Neptuno hacia la Puerta del Sol. Los sindicatos llaman a estas marchas el "antesala" de un conflicto mucho mayor en el otoño.
Aida San Millán, secretaria general de CCOO Madrid, fue directa: hoy es solo el principio. "El docente madrileño es el peor pagado de España", dijo, y añadió que hay 6.000 trabajadores menos que antes de la crisis de 2012. Su sindicato ya ha confirmado una huelga indefinida para octubre o enero de 2027 junto a una coalición de más de 20 organizaciones. Diario de Córdoba recogió las principales demandas de los manifestantes madrileños.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid rechazó las protestas. La consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, dijo que las marchas son "un intento de distraer de otros asuntos políticos muy graves". Los manifestantes, en cambio, apuntaron a un decreto reciente que amplía los contratos de colegios privados concertados de 10 a 14 años, asegurando su financiación hasta 2031. Los críticos dicen que esto blinda el dinero público para la educación privada mientras las aulas públicas se llenan de alumnos.
En Barcelona, el conflicto tiene un sabor diferente. El 29 de mayo, la Generalitat cerró un preacuerdo con CCOO y UGT: una subida de entre 400 y 600 euros mensuales repartida en cuatro años, con un coste total de 726 millones de euros. Parecía un avance. Pero el 4 de junio, el 65% de los docentes del mayor sindicato catalán, USTEC, votó en contra. El Correo Gallego y Diario de Mallorca destacaron la fractura entre líderes sindicales y las bases.
Iolanda Segura, portavoz de USTEC-STEs, explicó el rechazo: "Estamos ante una crisis educativa sin precedentes que exige cambios estructurales, no solo milagros". Los docentes piden que se cumpla la ley de educación de 2009, que obliga a invertir el 6% del PIB en educación — un objetivo que en 2026 sigue sin alcanzarse. CGT e Intersindical fueron más lejos y abandonaron las negociaciones, acusando a los sindicatos mayoritarios de aceptar dinero a cambio de ignorar problemas de fondo como el decreto de plantillas.
Los manifestantes en Barcelona usaron un argumento concreto para golpear al Gobierno catalán. Mientras la Generalitat decía no tener dinero para comedores escolares universales, gastó 2,3 millones de euros en la visita de 48 horas del Papa León XIV, financiados con la tasa turística. La visita papal tuvo lugar entre el 6 y el 12 de junio, apenas días antes de las marchas. La Opinión de Zamora y El Día recogieron estas críticas de los organizadores.
La plataforma "Aprender sin Calor" añadió otra queja: las aulas se han convertido en "hornos" en junio por la falta de climatización. Con las olas de calor cada vez más frecuentes, María Sánchez, portavoz de la plataforma, reclamó inversión urgente en infraestructura. El mensaje de fondo es el mismo en Madrid y en Barcelona: el dinero existe, pero no llega a la escuela pública.
El próximo paso crítico llegará el 24 de junio de 2026. Ese día, la Asamblea Unitaria de sindicatos y plataformas educativas votará las fechas exactas de la huelga indefinida de otoño. Si no hay acuerdo con los gobiernos de Madrid y Cataluña antes de esa fecha, el inicio del curso 2026-27 podría arrancar con paros generales en todo el sector. Diario de Ibiza y La Opinión de Zamora señalaron que el impacto económico de extender las demandas salariales a otras regiones podría superar los 2.500 millones de euros en cuatro años.
El gobierno del socialista Salvador Illa en Cataluña es el más expuesto. Con el preacuerdo rechazado y los sindicatos más combativos fuera de la mesa, cualquier nuevo pacto deberá convencer a unas bases que ya dijeron no. En Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso enfrenta una huelga de educadores de 0 a 3 años que lleva más de 60 días activa. El curso acaba. La tensión, no. Levante-EMV y El Periódico apuntaron que ambos ejecutivos autonómicos tienen pocas semanas para evitar un otoño de conflicto permanente.
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