Government Prepares Intense Legislative Week to Counter Accusations of Parliamentary Weakness

El Gobierno español afronta la última semana ordinaria del periodo de sesiones con un plan para aprobar cuatro leyes y dos reales decretos, según informan El Periódico de Extremadura y otros medios regionales. La maniobra busca frenar las acusaciones de la oposición, que lleva meses tachando al Ejecutivo de sufrir una 'debilidad parlamentaria' crónica.
El contexto es duro para el Ejecutivo de Pedro Sánchez. En 2024, el Gobierno solo aprobó 25 leyes y decretos, la segunda cifra más baja desde la transición democrática, frente a una media histórica de 108 al año. Y llevan tres años sin aprobar unos Presupuestos Generales del Estado, prorrogando los de 2023.
Entre el 23 y el 25 de junio está previsto el llamado 'Pleno Escoba', la sesión plenaria final del periodo ordinario. El Ejecutivo quiere llegar a ese pleno con fuerza y aprobar el paquete completo de cuatro leyes y dos reales decretos antes de que el Congreso entre en el parón de verano.
El portavoz del PSOE, Patxi López, ha defendido el balance legislativo del Gobierno: 'Estamos aprobando más de dos leyes al mes.' Sin embargo, en lo que va de la XV Legislatura solo se han aprobado 37 leyes en total, un ritmo muy por debajo del periodo anterior.
Uno de los dos reales decretos clave es un nuevo 'Decreto Anticrisis'. El presidente Sánchez lo anunció en el Congreso el 17 de junio: 'Un nuevo real decreto-ley para proteger el tejido productivo y a nuestros ciudadanos.' El decreto mantendría el IVA reducido en alimentos y la bonificación en el precio de la energía.
La medida llega en un momento delicado. Las disrupciones en el Estrecho de Ormuz han disparado los precios energéticos globales. Las familias vulnerables dependen de estas ayudas para llegar a fin de mes. El Gobierno tiene previsto un Consejo de Ministros extraordinario el 29 de junio para dar luz verde al llamado 'Escudo Social'.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, califica al Ejecutivo de gobierno 'zombie'. El 18 de junio, PP, Vox y PNV lograron sacar adelante en el Congreso una propuesta no de ley que denuncia el 'obstruccionismo parlamentario' de la Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar. La Mesa también bloqueó el 19 de junio un intento del PP de registrar una moción de 'cuestión de confianza' contra Sánchez.
Analistas políticos advierten de que el paquete de cuatro leyes y dos decretos puede ser más una 'operación de marketing' que un giro real. Argumentan que las reformas estructurales siguen bloqueadas. Sin un presupuesto nuevo, el Gobierno depende de los decretos para gobernar, lo que la oposición llama 'decretocracia'.
El sprint legislativo tiene también una dimensión económica urgente. Según fuentes de La Moncloa, unos 10.000 millones de euros de fondos Next Generation de la UE están en riesgo si no se aprueban antes de verano ciertas reformas judiciales y de eficiencia administrativa. Esas reformas forman parte del paquete que el Gobierno quiere cerrar esta semana.
El camino hacia 2027 depende en buena parte de lo que ocurra en estos días. Si Sánchez logra aprobar el paquete completo, intentará llegar al verano con el relato de un gobierno 'resistente'. Si fracasa, la presión opositora por adelantar las elecciones —previstas como muy tarde en 2027— podría crecer con fuerza durante el otoño.
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