Franco Monument Removal
Santa Cruz Plans Franco Monument Removal Awaiting Canary Islands Government Certification This Year
El monumento a Franco situado en la avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife tiene los días contados. El Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha confirmado que retirará la escultura en cuanto el Gobierno de Canarias apruebe el catálogo regional de vestigios franquistas, un documento que el Ejecutivo autonómico promete publicar antes de que acabe 2024. La Provincia y otros medios regionales recogen que la espera ya no es política, sino administrativa.
El monumento, inaugurado en 1966 y conocido popularmente como el «Ángel de la Victoria», mide 14 metros de altura y ha sobrevivido a décadas de polémicas judiciales. Tras tres sentencias en su contra desde 2021, incluida la del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en marzo de 2024 que le negó protección como Bien de Interés Cultural, ya no le queda ningún escudo legal. La pregunta ya no es si se retira, sino cuándo.
El catálogo canario es el último paso legal necesario
La Ley de Memoria Democrática de Canarias (Ley 5/2018) obliga a los municipios a retirar los símbolos franquistas, pero solo una vez que el Gobierno autonómico los certifique formalmente en un catálogo oficial. Sin ese documento, el Ayuntamiento argumenta que no tiene competencia para actuar por su cuenta. La consejera Migdalia Machín ha asegurado que el catálogo «está en su fase final de tramitación» y será aprobado antes de diciembre de 2024, según Levante-EMV.
El alcalde José Manuel Bermúdez (Coalición Canaria) lo ha explicado con claridad: «Una vez que el Gobierno apruebe el catálogo y lo incluya, cumpliremos la ley.» Con esta postura, el Ayuntamiento se coloca como ejecutor neutral y traslada el foco político al Ejecutivo regional. El plazo estimado para la retirada física, una vez publicado el catálogo en el Boletín Oficial de Canarias, es de 30 días hábiles.
Años de bloqueo judicial y recursos fallidos
El camino hasta aquí ha sido largo. En 2022, la Universidad de La Laguna identificó 76 vestigios franquistas en Santa Cruz, con el monumento como el más destacado. Ese mismo año el Ayuntamiento recurrió el catálogo inicial, argumentando que era discriminatorio por centrarse solo en la capital y no en todo el archipiélago. El recurso frenó el proceso durante casi dos años, según El Periódico de Extremadura.
El intento de proteger la obra declarándola Bien de Interés Cultural tampoco prosperó. El TSJC rechazó esa vía en marzo de 2024, dejando claro que ningún mérito artístico puede anular la obligación legal de retirar símbolos que glorifican el golpe de 1936. Tres resoluciones judiciales distintas han fallado en contra de la conservación del monumento desde 2021.
Qué pasará con la escultura y cuánto costará moverla
Retirar una estructura de bronce y piedra de 14 metros no es sencillo ni barato. Las estimaciones del departamento de Urbanismo del Ayuntamiento sitúan el coste de la operación entre 150.000 y 250.000 euros. El debate sobre el destino final de la pieza sigue abierto: las opciones van desde su traslado al Museo Militar de Almeyda hasta su destrucción. El mantenimiento actual del monumento cuesta al erario municipal unos 12.000 euros al año, según Diario Córdoba.
La polémica divide a los vecinos. Las asociaciones de memoria histórica, como la ARMH, califican el retraso de «maniobra política para mantener un monumento a un dictador en una plaza pública». Los defensores del monumento alegan que se trata de una obra maestra de Juan de Ávalos, el mismo escultor que trabajó en el Valle de los Caídos, y piden que se «resignifique» en lugar de eliminarse, según recoge El Correo Web.
Un caso que marca el rumbo en toda España
El desenlace en Tenerife se sigue con atención en el resto del país. El monumento fue inaugurado el 17 de marzo de 1966 para conmemorar la salida de Franco desde la isla hacia el norte de África, donde inició el levantamiento militar de 1936. Lleva casi 60 años en pie. Los analistas señalan que el modelo canario, basado en catálogos regionales, está demostrando ser el instrumento legal más eficaz para hacer cumplir la Ley de Memoria Democrática nacional, según La Opinión de Murcia.
Si el Gobierno de Canarias cumple su promesa y publica el catálogo antes de fin de año, Santa Cruz podría iniciar el derribo en los primeros meses de 2025. Sería el cierre de uno de los contenciosos más prolongados de la memoria democrática en las islas. Otras comunidades autónomas con vestigios similares pendientes observan el caso como referencia directa, según LNE.
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