Amnesty Data Reveals Police Officers are Most Granted, Politicians the Least Amnestied

La ley de amnistía aprobada en España ha comenzado a aplicarse, y los primeros datos revelan una distribución desigual entre colectivos. Los agentes de policía son el grupo que más amnistías ha recibido hasta ahora, mientras que los políticos son, paradójicamente, el colectivo con menos resoluciones favorables concedidas, según informan Diario de Mallorca y Levante-EMV.
La norma, pensada en gran parte para resolver el conflicto político derivado del procés catalán, está dejando una imagen en los datos muy distinta a la que muchos esperaban. Todavía hay un número significativo de solicitudes pendientes de resolución, lo que mantiene la incertidumbre sobre el alcance final de la medida.
Los agentes de policía encabezan la lista de amnistiados. Se trata de funcionarios que fueron investigados o condenados por su actuación durante los disturbios del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña. Muchos enfrentaban cargos por delitos como lesiones o uso excesivo de la fuerza, según recoge El Día.
Este resultado sorprende a quienes esperaban que la ley beneficiara principalmente a los líderes independentistas. En cambio, los datos muestran que el mayor número de resoluciones positivas ha ido a parar a quienes ejercían la acción del Estado, no a quienes la desafiaban, apunta La Opinión de A Coruña.
A pesar de que la ley nació en gran medida para resolver la situación judicial de figuras como Carles Puigdemont, los políticos son el colectivo con menos amnistías concedidas hasta la fecha. Los tribunales han aplicado criterios más estrictos en estos casos, lo que ha frenado el ritmo de las resoluciones favorables, según La Opinión de Málaga.
Varios jueces han planteado dudas sobre si ciertos delitos atribuidos a dirigentes políticos encajan dentro de los supuestos que cubre la ley. Eso ha derivado en consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en retrasos significativos en las resoluciones, informa Diario Córdoba.
El número de expedientes aún sin resolver es elevado. Las solicitudes presentadas superan con creces las resoluciones emitidas hasta ahora, lo que indica que la aplicación plena de la amnistía llevará meses o incluso años. Los juzgados están gestionando una carga de trabajo extraordinaria, señala Levante-EMV.
La lentitud del proceso genera frustración tanto en los beneficiarios potenciales como en sus defensas jurídicas. Cada colectivo —policías, manifestantes, políticos— tiene plazos y criterios distintos de tramitación, lo que complica aún más la gestión global de la norma, según Diario de Ibiza.
La amnistía fue aprobada con una estrecha mayoría parlamentaria y en medio de una fuerte controversia política y jurídica. Ahora que los datos empiezan a conocerse, el debate se reaviva. Para sus defensores, la ley cumple su función de cerrar heridas del procés. Para sus críticos, supone un trato desigual ante la ley, apunta La Opinión de Zamora.
El hecho de que los policías sean los más beneficiados añade una capa de ironía al debate. La norma diseñada para los independentistas está, por ahora, ayudando más a quienes los frenaron. Los próximos meses, con más resoluciones sobre políticos, serán clave para conocer el verdadero impacto de la ley, concluye Diario de Mallorca.
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