Mercedes González Faces Scrutiny for Associations, Raising Questions About Influence Over Civil Guard

Mercedes González Fernández, directora general de la Guardia Civil, admitió ante el Senado el 16 de junio de 2026 haberse reunido al menos tres veces con Leire Díez, una operadora política del PSOE apodada la «fontanera». González intentó restar importancia a los encuentros: «No he tenido reuniones con la señora Leire Díez; he tomado dos cafés. Punto», declaró según La Sexta. La frase le costó caro: desató una crisis institucional que ahora amenaza su cargo y arrastra al ministro Fernando Grande-Marlaska.
Los encuentros no eran secreto entre confidentes. Estaban geolocalizados por la propia Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil — el cuerpo de élite investigador que depende de González. Según Cadena SER y RTVE, ambas activaron temporizadores de borrado automático de 24 horas en WhatsApp después de que el general Manuel Llamas advirtiera formalmente a González sobre los contactos con Díez en mayo de 2025. Ese detalle —borrar las huellas— es el que más daño político le ha hecho.
La primera reunión ocurrió el 30 de septiembre de 2024, en la sede de la Guardia Civil en Madrid, según Telemadrid. La segunda fue el 20 de diciembre. Tras ese encuentro, Díez informó a Vicente Fernández, presidente de la SEPI, de que necesitaba darle a González información sobre el «caso hidrocarburos» — una investigación de fraude de IVA vinculada a Víctor de Aldama. La tercera reunión tuvo lugar el 2 de abril de 2025 en una cafetería cercana al cuartel general, según RTVE.
Un analista de Onda Cero señaló el absurdo de la defensa de los «dos cafés»: incluso un funcionario de la SEPI ofreció pagar una multa de aparcamiento que Díez recibió mientras se reunía con González. No es el perfil de un encuentro casual.
En diciembre de 2024, González ordenó el llamado «Expediente 1/24»: una investigación interna para identificar a los agentes de la UCO que investigaban casos vinculados al Gobierno. Investigadores de la UCO lo calificaron como un intento excepcional de exponer a sus propios agentes, según El Independiente. El 29 de abril de 2025, el Servicio de Información de la Guardia Civil emitió una alerta interna advirtiendo de que Díez intentaba «atacar procesalmente» a esos investigadores.
La UCO tiene más de 80.000 agentes bajo el mando formal de González. Que su directora ordenara identificar a los que investigaban al Gobierno ha generado una fractura profunda entre la cúpula y los mandos intermedios. González luego pidió disculpas públicamente: «No controlo a nadie por la puerta de atrás... pido sinceras disculpas por esta situación», según El Diario.
La figura de Leire Díez no opera en solitario. Según Onda Cero, los investigadores identificaron a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, como el superior al que Díez reportaba sus avances en «controlar» áreas sensibles del Estado. Eso traslada el caso de un individuo aislado a una estrategia coordinada desde la sede del partido en la calle Ferraz.
El Gobierno defiende a González argumentando que rechazó la petición de Díez de readmitir a un comandante sancionado llamado Rubén Villalba, lo que demostraría que «protegió» al cuerpo, según fuentes cercanas a Moncloa citadas por Público. Pero la oposición no acepta ese argumento. El portavoz del PP, Miguel Tellado, le dijo al ministro Marlaska: «Nunca recuperará el honor que ha perdido», según Libertad Digital.
El 23 de junio de 2026, la asociación Hazte Oír pidió formalmente a la Audiencia Nacional que impute a González por su papel en la trama, según Vozpópuli. Los delitos que se le atribuyen son revelación de secretos y encubrimiento, si se prueba que compartió datos confidenciales de la UCO con Díez. Eso la convertiría en la primera directora general de la Guardia Civil imputada por filtrar información a un operativo político.
Mientras tanto, El País y Cadena SER publicaron los informes de la UCO filtrados entre el 3 y el 5 de junio de 2026. Esos documentos mostraban que Díez presumía de tener «control absoluto» sobre la cúpula de la Guardia Civil. La frase que resume el escándalo sigue siendo la misma: los cafés los carga el diablo.
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