Judge Requests Police Analyze Villarejo-Cospedal Audios and Finances for Possible Crime

Un juez ha ordenado a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional que analice si existen indicios de delito en las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo con María Dolores de Cospedal, exsecretaria general del Partido Popular. Levante. La investigación abarcará también correos electrónicos y movimientos bancarios vinculados al entorno de la exdirigente del PP.
El encargo judicial supone un nuevo giro en el llamado caso Villarejo, uno de los escándalos de corrupción policial y política más extensos de la democracia española. La Unidad de Asuntos Internos deberá examinar todo el material disponible y determinar si las conversaciones grabadas apuntan a conductas penalmente perseguibles, según informó Diario de Mallorca.
Los audios en cuestión son grabaciones realizadas por el propio Villarejo, excomisario de la Policía Nacional hoy en prisión. En ellas aparece conversando con Cospedal, que fue secretaria general del PP y ministra de Defensa. Las cintas salieron a la luz pública hace varios años y generaron una enorme polémica política, según recoge El Periódico de Aragón.
Las grabaciones recogen conversaciones sobre asuntos sensibles del partido y del Estado. El contenido exacto que ahora analiza la justicia no ha sido detallado públicamente en el auto judicial. Sin embargo, el juez considera que puede haber materia suficiente para abrir una investigación penal formal, de acuerdo con Diario Córdoba.
La Unidad de Asuntos Internos es el órgano policial encargado de investigar posibles delitos cometidos por miembros de la propia Policía Nacional. El juez la ha elegido precisamente porque el caso implica a un excomisario. Su mandato incluye tres tipos de material: audios, correos electrónicos y movimientos bancarios, según apunta La Opinión de Murcia.
Este triple foco —grabaciones, comunicaciones digitales y finanzas— busca establecer si hubo pagos o acuerdos irregulares entre Villarejo y el entorno de Cospedal. La investigación de los movimientos bancarios es especialmente relevante, ya que podría revelar si existió algún tipo de contraprestación económica, según informa El Correo Web.
El caso Villarejo arrancó en noviembre de 2017 con la detención del excomisario. Desde entonces, ha salpicado a políticos, empresarios y altos cargos del Estado. Villarejo dirigía una red de espionaje privado que cobraba por obtener información comprometedora. El caso tiene decenas de piezas separadas en los juzgados, según recoge La Provincia.
Cospedal ya tuvo que declarar ante el juez en relación con este caso. Ella siempre negó haber contratado los servicios del excomisario para labores ilegales. Ahora, la nueva orden judicial reactiva el foco sobre su nombre y el de su entorno más cercano, de acuerdo con Información.
La Unidad de Asuntos Internos deberá elaborar un informe y remitirlo al juez. Si ese informe detecta indicios de delito, el magistrado podría acordar nuevas diligencias o incluso llamar a declarar a los implicados. Los plazos no han sido fijados públicamente, según señala El Día.
El caso sigue abierto y activo en los tribunales españoles. Cualquier hallazgo en los movimientos bancarios o en los correos podría ser determinante para el futuro del proceso. Los investigados tienen derecho a conocer las actuaciones y a defenderse ante el juez, tal como recuerda LNE.
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