Minister Aagesen Confirms Upcoming Start of Tajo-Segura Transfer Reform, Citing Technical Rigor

La ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, confirmó el 19 de junio de 2026 que el Gobierno comenzará «próximamente» el proceso de reforma de las reglas de explotación del Trasvase Tajo-Segura. Lo anunció desde Toledo, pero no fijó ninguna fecha concreta. El ministerio trabaja aún en la fase preparatoria, apoyándose en lo que Aagesen llamó «rigor técnico y científico y la mejor información disponible», según La Provincia y Levante EMV.
La reforma podría reducir los envíos de agua al sureste entre un 40% y un 50%, según estimaciones del sindicato de regantes SCRATS, que representa a 80.000 agricultores. Eso convertiría este anuncio en uno de los conflictos territoriales más intensos de la política española en años.
El Trasvase Tajo-Segura es un acueducto de 286 km que lleva agua desde los embalses de Entrepeñas y Buendía, en Castilla-La Mancha, hasta Murcia, Alicante y Almería. El sistema está en el centro de una batalla legal que dura años. Desde 2019, el Tribunal Supremo ha dictado cinco sentencias que exigen respetar los caudales ecológicos mínimos del río Tajo. En mayo de 2025, una sentencia anuló el aplazamiento temporal de esos caudales y ordenó su aplicación inmediata, según El Periódico de Aragón.
En mayo de 2026, el Supremo rechazó el último recurso importante del SCRATS, consolidando la base legal del nuevo Plan Hidrológico del Tajo 2022-2027. Ese plan eleva el caudal mínimo en Aranjuez de 7 m³/s en 2023 hasta 8,65 m³/s en 2027. El Gobierno usa estas sentencias como argumento principal para justificar la reforma, según El Periódico Mediterráneo.
Para Castilla-La Mancha, la reforma es una cuestión de justicia histórica. Su gobierno lleva años pidiendo el fin de las transferencias «automáticas» y afirma que el agua del Tajo ha sido «expropiada» durante décadas para beneficiar la agroindustria del sureste. La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, acusó al Ejecutivo central de «perpetuar un sistema insostenible» y confirmó que el pleito de Castilla-La Mancha en la Audiencia Nacional sigue abierto, según Diario de Mallorca.
En el otro extremo, los presidentes de Murcia, Fernando López Miras, y de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, han formado un frente común contra la reforma. El consejero de Agua de Murcia, Joaquín Buendía, exige que cualquier cambio se debata y se vote en el Congreso de los Diputados, no solo mediante decreto ministerial. El presidente del SCRATS, Lucas Jiménez, advirtió de un «ataque a la soberanía alimentaria» de España, según LNE y El Correo Gallego.
A fecha de 19 de junio de 2026, los embalses de Entrepeñas y Buendía almacenan 1.479 hm³ de volumen útil. La Comisión Central de Explotación autorizó el 16 de junio un trasvase de 120 hm³ para junio y julio —60 hm³ cada mes— por estar los embalses en «Nivel 1». El máximo legal anual es de 600 hm³, pero la media reciente ha oscilado entre 284 y 480 hm³, según El Correo Web y La Opinión de Málaga.
La reforma podría elevar la reserva mínima intransferible en las cabeceras de 400 hm³ hasta 600 hm³, lo que reduciría drásticamente las ventanas en las que se puede enviar agua al sur. El SCRATS calcula que eso se traduce en una pérdida de al menos 100 hm³ de riego al año, con miles de empleos agrícolas en riesgo en el «huerto de Europa», según Diario de Córdoba.
El Ministerio propone compensar las futuras reducciones del trasvase con más desalación y reutilización del agua en el sureste. Pero los agricultores rechazan ese camino. Argumentan que el agua desalada es significativamente más cara que la del trasvase y que tiene una mayor huella de carbono. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha mantenido múltiples reuniones con las comunidades autónomas para buscar puntos de acuerdo, según El Día y La Opinión de A Coruña.
Analistas consultados por medios especializados advierten de que el conflicto refleja el «agotamiento del modelo hidráulico español». El Tajo ya no genera los excedentes de antes, en parte por el cambio climático y por la creciente demanda del área metropolitana de Madrid. El anuncio de Aagesen, sin fecha ni hoja de ruta concreta, deja abierto un proceso que promete meses de tensión política, según El Periódico y La Provincia.
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