Longer Sentences Sought
Popular Accusations Request Longer Prison Sentences for President's Brother and Gallardo
Las acusaciones populares en el juicio del «caso Azagra» pidieron este jueves 6 años de prisión para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, duplicando así la petición inicial de 3 años. Para el exdirigente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, reclaman 4 años de cárcel, según informaron El Periódico y Levante-EMV.
El juicio oral, que comenzó el 28 de mayo en la Audiencia Provincial de Badajoz, juzga a 11 acusados por la presunta creación de un puesto «a medida» para Sánchez en la institución provincial. Ese día también declararon tanto David Sánchez como Gallardo ante el tribunal.
Acusaciones doblan sus peticiones en el último día de declaraciones
Un bloque de siete organizaciones lidera las acusaciones populares: PP, Vox, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Manos Limpias, Asociación Liberum e Iustitia Europa. Según El Correo Gallego, la decisión de elevar las penas llegó justamente el día en que los acusados principales prestaban declaración. La defensa calificó el movimiento de «subversión del proceso». Los cargos que siguen en pie son prevaricación y tráfico de influencias.
El tribunal ya descartó el delito de nombramiento ilegal el 1 de junio al considerarlo prescrito. Pero eso no frenó a las acusaciones populares, que argumentan que la contratación de Sánchez en 2017 fue «ad hoc» para beneficiar a la familia del presidente. Entre 2017 y mayo de 2025, la Diputación pagó a David Sánchez un total de 340.572,36 euros brutos, según datos recogidos por Diario de Ibiza.
David Sánchez y Gallardo niegan cualquier irregularidad ante el tribunal
David Sánchez, conocido artísticamente como «David Azagra», dijo ante el tribunal: «No tengo influencia sobre nada... la Oficina de Artes Escénicas no era un lugar físico con mostrador, sino una categoría administrativa». Sánchez fue contratado en 2017 como «coordinador de actividades de conservatorio». En 2022, su puesto fue rebautizado como «Jefe de la Oficina de Artes Escénicas», un cambio que los investigadores vinculan al intento de evitar requisitos de asistencia física, según Información.
Por su parte, Gallardo aseguró: «En 2016 ni siquiera sabía que Pedro Sánchez tenía un hermano... si quisiera enchufarlo, habría usado un nombramiento directo, no un concurso». Gallardo recordó que otras 10 personas compitieron con Sánchez en el proceso de selección. La Fiscalía, por su parte, pide la absolución y describe la causa como una «investigación maliciosa» sin pruebas de delito.
La UCO apunta a una «decisión política» en la creación del cargo
El 3 de junio, agentes de la UCO —la unidad de élite de investigación de la Guardia Civil— declararon ante el tribunal que la creación del puesto de Sánchez fue una «decisión política» y no una necesidad técnica. Los investigadores tampoco hallaron evidencia de una oficina física ni de personal dedicado durante años, según recogió La Opinión de Málaga.
El caso también tiene una dimensión fiscal. Sánchez declara su residencia fiscal en Elvas, Portugal, para beneficiarse de una tributación más baja, aunque su salario lo paga íntegramente la administración española. En 2021 llegó a declarar residencia en Tailandia. El programa «Ópera Joven» de Sánchez recibió inicialmente 1,5 millones de euros en fondos europeos, una partida que fue cancelada tras el escrutinio mediático, según Diario Córdoba.
El juicio se reanuda el lunes con los informes finales
El tribunal suspendió la vista hasta el lunes 8 de junio de 2026, cuando las partes presentarán sus informes finales. Se espera que la sentencia llegue a finales de junio. Un fallo condenatorio sería históricamente inédito: sería la primera vez que el hermano de un presidente del Gobierno en ejercicio es condenado por corrupción, según apuntan El Periódico de Aragón y El Periódico Mediterráneo.
La carrera política de Gallardo también está en juego. Como exlíder regional del PSOE en Extremadura, su condena daría un golpe duradero al socialismo en la región y reforzaría al actual gobierno del PP extremeño. El caso pone además a prueba el papel de las acusaciones populares en España y si estas usan los tribunales como arena política, según analistas citados por Diario de Mallorca.
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