Constitutional Court Rejects Page's Appeal Against Procés Amnesty Law, Upholding Constitutional Powers

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de amparo presentado por Emiliano García-Page, presidente socialista de Castilla-La Mancha, contra la ley de amnistía al 'procés'. Según Diario de Ibiza y otros medios, el tribunal desestimó el recurso al no encontrar que la ley vulnere las competencias que la Constitución atribuye al Rey y al Gobierno en materia de derecho de gracia.
La decisión se suma a los recursos ya rechazados de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. El Constitucional consolida así su postura: la ley de amnistía es constitucional y no invade poderes reservados a la Corona ni al Ejecutivo.
García-Page es uno de los críticos más abiertos dentro del PSOE contra la ley de amnistía. Su recurso era llamativo porque venía de un presidente autonómico del mismo partido que gobierna España. Page argumentó que la ley chocaba con las atribuciones constitucionales del Rey y del Gobierno en materia de indultos y perdones.
El Constitucional no le dio la razón. El tribunal rechazó que la amnistía usurpe esas competencias. Para los magistrados, el legislador tiene margen para aprobar una ley de estas características sin invadir el terreno del derecho de gracia, que es distinto de la amnistía.
El recurso de Page no es el único caído. El Constitucional ha desestimado también los recursos presentados por comunidades autónomas del PP. Entre ellas figuran regiones como Murcia, Aragón y Extremadura. Todos argumentaban razones similares: que la ley era inconstitucional por distintas vías.
La acumulación de rechazos refuerza la posición del Gobierno. Cada desestimación consolida el respaldo legal de una norma que beneficia a dirigentes independentistas catalanes condenados o investigados por el 'procés' de 2017.
El Constitucional fue claro en su argumento central. La ley de amnistía no vulnera las competencias del Rey ni del Gobierno porque el derecho de gracia, es decir, los indultos, y la amnistía son figuras jurídicas distintas. La amnistía la aprueba el Parlamento; el indulto lo concede el Ejecutivo con el aval del Rey.
Al tratar la amnistía como una decisión legislativa y no ejecutiva, el tribunal descarta que haya invasión de competencias. Esto cierra uno de los principales argumentos esgrimidos por los recurrentes desde el principio del debate sobre la ley.
Con cada recurso rechazado, la ley de amnistía gana solidez legal. El Constitucional todavía debe resolver otros recursos pendientes, pero la tendencia es clara: el tribunal no está encontrando motivos para tumbar la norma. Esto da al Gobierno de Pedro Sánchez un respaldo judicial importante.
Para los independentistas catalanes afectados, cada resolución favorable es un paso más hacia la plena aplicación de la amnistía. Para la oposición, la vía judicial se cierra poco a poco, dejando el debate en el terreno político y social.
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