Court of Accounts postpones amnesty for Puigdemont and Mas over 1-O expenses, sets 10-day period.

El Tribunal de Cuentas ha retrasado la aplicación de la ley de amnistía en el caso que afecta al expresidente catalán Carles Puigdemont y al exlíder de Convergència Artur Mas por los gastos del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. El órgano fiscalizador ha abierto un plazo de 10 días para que las partes presenten alegaciones y, si lo consideran oportuno, nueva documentación, según informan El Periódico de Extremadura y La Provincia.
El retraso supone que la extinción de la responsabilidad contable de los investigados, prevista en la ley de amnistía aprobada en 2024, no se aplicará de forma inmediata. El tribunal da así un paso cauteloso antes de cerrar definitivamente el caso.
El Tribunal de Cuentas ha notificado a todas las partes del procedimiento que disponen de 10 días hábiles para presentar alegaciones. También pueden aportar documentación adicional si lo estiman conveniente. Solo después de revisar esos escritos el tribunal decidirá si aplica o no la amnistía al caso, según recoge LNE.
Este paso procesal es habitual en procedimientos contables antes de dictar resoluciones definitivas. Con él, el tribunal asegura que ninguna parte quede sin voz. La decisión final podría tardar varias semanas más en llegar.
El Tribunal de Cuentas investiga a Puigdemont, Mas y otros ex cargos de la Generalitat de Cataluña por el uso de fondos públicos para organizar el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. La cifra reclamada supera los 4 millones de euros, según fuentes del propio tribunal.
El procedimiento lleva años abierto y ha generado medidas cautelares, como la retención de bienes de los investigados. La ley de amnistía, aprobada por el Congreso en 2024 con el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez, prevé extinguir este tipo de responsabilidades contables ligadas al procés independentista.
La ley de amnistía de 2024 ha generado debate desde su aprobación. Varios tribunales españoles han planteado dudas sobre su compatibilidad con el derecho europeo y han elevado consultas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso ha ralentizado su aplicación en distintos frentes judiciales, según LNE.
El Tribunal de Cuentas no es un órgano penal, sino fiscalizador. Se ocupa de la responsabilidad económica por el mal uso de dinero público. Su decisión sobre la amnistía será independiente de lo que resuelvan los tribunales penales en otros casos relacionados con el procés.
Las partes tienen hasta 10 días para responder al tribunal. Tanto los investigados como las acusaciones podrán argumentar su posición por escrito. Si el tribunal acepta la amnistía, la responsabilidad contable de Puigdemont y Mas quedaría extinguida y el caso cerrado, según La Provincia.
Si el tribunal rechaza aplicar la amnistía, el caso continuará y los investigados seguirían expuestos a una condena económica millonaria. Puigdemont reside en Bélgica desde 2017 y aún no ha regresado a España de forma permanente. Mas, por su parte, sí está en territorio español y sigue la causa desde aquí.
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