Vox Forces Congress Vote on Migrant Housing Ban Amidst PP Negotiations

Vox ha forzado una nueva votación en el Pleno del Congreso de los Diputados para la próxima semana, convirtiendo su propuesta de 'prioridad nacional' en vivienda en el eje central de su presión política, según Europa Press. El partido de Santiago Abascal culpa a los inmigrantes irregulares de la crisis del alquiler y pide prohibirles firmar contratos de arrendamiento.
La maniobra llega en un momento clave: el PP de Juanma Moreno Bonilla necesita el apoyo de Vox para gobernar en Andalucía tras las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP obtuvo 53 escaños, sin mayoría absoluta. Vox usa el Congreso como palanca de presión para que Moreno ceda en Sevilla.
El diputado de Vox Carlos Hernández Quero registró el 4 de junio una proposición no de ley en el Congreso, según El Diario. La propuesta vincula directamente la crisis de vivienda con la inmigración irregular. Vox sostiene que la entrada de 1,2 millones de inmigrantes anuales en España genera más competencia por el acceso a la vivienda y expulsa a los jóvenes españoles del mercado del alquiler, según Forbes España.
La medida más polémica es prohibir que los inmigrantes en situación irregular puedan firmar contratos de arrendamiento. Analistas advierten que esto podría crear un mercado negro de alquileres y generar más inseguridad jurídica para los propietarios, según Servimedia. Vox también denuncia que el presupuesto público para vivienda es solo el 1,12% del gasto total, frente al 13% de la década de 1960.
Moreno Bonilla ha calificado la 'prioridad nacional' de "eslogan hueco" y "propuesta irreal e ilegal", según infoLibre. Sin embargo, su margen de maniobra es estrecho. El 9 de junio, PP y Vox celebraron su primera reunión oficial de negociación en Sevilla. El encuentro fue "cordial" pero sin acuerdos concretos, según OkDiario.
La tensión se vio reflejada el 11 de junio, cuando el PP aprovechó la constitución del Parlamento andaluz para controlar la Mesa de la cámara, dejando a Vox sin representación en el órgano de gobierno, según elEconomista. Analistas apuntan que Vox usa el Congreso como altavoz: si el PP vota en contra en Madrid, tendrá pretexto para bloquear la investidura en Sevilla, según Vozpopuli.
La Ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, fue directa en la sesión de control del Congreso del 10 de junio. Calificó la propuesta de Vox de "racista e indecente" y subrayó que la vivienda es un derecho universal, no supeditado a la nacionalidad, según Forbes España. El PSOE y Sumar acusan al PP de alimentar esta deriva al permitir que sus barones regionales debatan estas medidas.
El rechazo parlamentario a Vox es contundente a nivel nacional. Una enmienda previa del partido sobre inmigración fue rechazada por 315 votos en contra frente a solo 33 a favor —los del propio grupo de Vox—, según datos de las Notas de Prensa del Congreso de los Diputados. Aun así, Vox sigue forzando votaciones para mantener el tema en la agenda pública.
La propuesta de Vox no es nueva. En Aragón y Castilla y León, el PP ya aceptó incluir el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a vivienda pública, aunque matizado bajo la figura del "arraigo", que exige entre 5 y 10 años de residencia previa, según El País. Eso da a Vox argumentos para exigir lo mismo en Andalucía.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene una postura ambivalente. La dirección nacional del PP considera el concepto "perfectamente compatible" con la dignidad humana si se centra en el arraigo, según Elplural. Pero Moreno Bonilla se resiste, temiendo perder su imagen de moderación en una comunidad donde el PP gobierna con comodidad desde 2018.
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