Anti-eviction shield stands as final hurdle for PSOE, Sumar on housing decree.

El Gobierno de coalición español sigue sin cerrar un acuerdo para su decreto de vivienda, previsto para aprobar el próximo martes en Consejo de Ministros. El principal punto de conflicto entre PSOE y Sumar es el llamado "escudo antidesahucios", una medida que protegería a familias vulnerables del desalojo, según La Provincia.
Ambos socios de gobierno llevan días negociando el texto, que también incluye una prórroga de las ayudas al alquiler. Sin ese acuerdo interno, el decreto no puede llegar al Consejo de Ministros, según Levante EMV.
El escudo antidesahucios es un mecanismo legal que impide echar a familias vulnerables de sus hogares sin alternativa habitacional. Sumar quiere que esta protección sea amplia y duradera. El PSOE acepta la medida, pero con más límites, según Diario de Mallorca.
Esa diferencia de alcance es lo que bloquea el acuerdo final. Los equipos negociadores de ambos partidos siguen reuniéndose para encontrar una fórmula común. El tiempo apremia: el martes es la fecha límite que se han dado, según El Día.
Además del escudo antidesahucios, el decreto incluye la prórroga de las ayudas al alquiler. Estas ayudas benefician a miles de inquilinos con rentas bajas en toda España. Sin el decreto, esas medidas caducan, según La Opinión de A Coruña.
Sumar ha insistido en que la prórroga no puede aprobarse sin el escudo antidesahucios. Para el partido de Yolanda Díaz, ambas medidas forman un paquete indivisible. El PSOE no ha rechazado esa postura, pero pide flexibilidad en los detalles, según Diario Córdoba.
El Consejo de Ministros del próximo martes es el objetivo fijado por ambos socios para aprobar el decreto. Si no hay acuerdo antes, la reunión podría posponerse o el texto llegar sin consenso total. Eso debilitaría al gobierno de cara al Parlamento, según Levante EMV.
Las negociaciones continúan a nivel técnico y político. Fuentes del gobierno aseguran que hay voluntad de cerrar el texto a tiempo. Pero el margen es estrecho y las diferencias sobre el escudo antidesahucios siguen sin resolverse, según La Provincia.
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